• Iniciativa busca cumplir con la presentación de la información judicial en un lenguaje claro.

 

Con propósito de cumplir con las políticas institucionales orientadas a la utilización de un lenguaje claro y sencillo; fortalecer las condiciones para garantizar a las personas usuarias el derecho de acceso a la información; promover estrategias de comunicación escrita que faciliten el desarrollo del proceso judicial; y realizar los ajustes procesales necesarios para atender las disposiciones contenidas en las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, el Juzgado contra la Violencia Doméstica y Protección Cautelar de Alajuela implementa la buena práctica denominada “Cuadro de lectura fácil en las resoluciones iniciales que otorgan medidas de protección”.

 

Esta iniciativa, consiste en incorporar un cuadro de lectura fácil en las resoluciones iniciales mediante las cuales se otorgan medidas de protección, así como en aquellas que disponen la convocatoria a la comparecencia, de conformidad con lo establecido en la Ley contra la Violencia Doméstica.

 

La finalidad de esta herramienta es facilitar la comprensión de las decisiones judiciales por parte de las personas usuarias, mediante la presentación clara, sencilla y accesible de la información esencial sobre las medidas adoptadas, sus alcances y las actuaciones procesales correspondientes, favoreciendo con ello un acceso efectivo a la justicia y una participación informada dentro del proceso, independientemente si cuentan o no con patrocinio letrado.

 

Adicionalmente, según señala Karla Leiva Canales, jueza coordinadora a.i. del Juzgado, se confeccionaron brouchures informativos sobre qué es la prueba en violencia doméstica y qué es la audiencia, que se entregan en la manifestación cuando llega alguna persona usuaria a consultar.

 

“Podría decirse, que con esta práctica las personas usuarias tienen un mayor conocimiento de la diligencia judicial, y sobre los deberes y derechos que tienen tanto en su posición de persona beneficiaria, así como de persona obligada a cumplir con las medidas de protección”, destaca Leiva Canales.

 

También, como parte de los aportes a este trabajo, la Jueza Coordinadora menciona que se está trabajando con CONAMAJ para que mediante un cuestionario se pueda medir el impacto en la persona usuaria y valorar si se debe mejorar o incluir algún otro dato que se considere de interés.

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