Explicar de forma clara, brindar información confiable y evacuar dudas sobre la responsabilidad penal que poseen las personas menores de edad en el marco de Ley Penal Juvenil fue el objetivo de una charla comunitaria realizada en el Colegio Académico de Paraíso de Sixaola de Talamanca el pasado miércoles 23 de setiembre.
La actividad fue organizada por el facilitador judicial Felipe Mora Miranda, quien tuvo la colaboración de la Jueza Penal Juvenil, Mónica Moncada Acuña, y el Defensor Público Pablo Rojas Rojas, ambos de Limón, que estuvieron a cargo de la charla, con el acompañamiento del Juez Contravencional de Bribri, Felipe Granados Monge.
A la charla asistieron cerca de 150 estudiantes y cuerpo docente de los niveles de séptimo a noveno año. Para el facilitador judicial, don Felipe Mora, llevar información valiosa y de utilidad a estas personas jóvenes de su comunidad significó “una de las experiencias más lindas que he tenido como facilitador judicial, de ayudar a acercar la justicia a las comunidades y concientizar a las juventudes sobre las responsabilidades y consecuencias de violentar la ley”.
Asimismo, el impacto positivo que tienen las personas facilitadoras judiciales en sus localidades es destacado por el juez Granados Monge, quien considera que ellas “cumplen una labor muy valiosa en sus comunidades, porque ayudan a orientar a quienes necesitan información o apoyo para acercarse al sistema de justicia. La experiencia realizada en el Colegio Académico de Paraíso permitió ver que también tienen un papel importante en la prevención, ya que pueden informar a las personas jóvenes sobre sus derechos, sus deberes y la forma adecuada de resolver diferentes situaciones o conflictos”.
Las personas facilitadoras judiciales cumplen un importante papel como puentes de información, orientación y acercamiento entre el sistema de justicia y las comunidades. Su labor contribuye a materializar el derecho de acceso a la justicia, especialmente en poblaciones que pueden enfrentar mayores barreras debido a la distancia geográfica, las condiciones socioeconómicas o las limitaciones en el acceso a información y servicios.
En este contexto, el abordaje de la Ley de Justicia Penal Juvenil resulta particularmente relevante para las comunidades, ya que permite acercar información sobre el tratamiento jurídico de las personas menores de edad en conflicto con la ley. Su enfoque busca promover respuestas orientadas a la reinserción, la integración y la restauración, contribuyendo también a desmitificar ideas y creencias erróneas sobre la responsabilidad penal de las personas menores de edad y a brindar a las comunidades herramientas para comprender adecuadamente este régimen de justicia.
Según las estadísticas del Poder Judicial, de enero a setiembre de 2026, las personas facilitadoras judiciales han brindado su servicio voluntario a más de 17 mil vecinas y vecinos.
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