Generar un espacio de entendimiento mutuo y escucha activa entre partes de un proceso judicial, para la construcción de alternativas de solución en materia contravencional, fue el objetivo de una audiencia in situ en la comunidad de Tempate de cantón de Santa Cruz de Guanacaste el pasado martes 6 de julio.
Este encuentro fue coordinado por el Centro de Conciliación de Santa Cruz y desarrollado por la jueza conciliadora Karla Montenegro Meza, quien contó con el valioso apoyo de la facilitadora judicial de Tempate, Evelyn Rosales Cascante. La audiencia fue llevada a cabo en las instalaciones de la Asociación de Desarrollo Local al ser un espacio neutro para las partes involucradas, así como privado y seguro para el diálogo.
La jueza Montenegro Meza destacó la relevancia de esta acción pionera en materia conciliatoria, en donde fue clave la figura y colaboración de la persona facilitadora judicial y afirmó que “se evidencia cómo la articulación entre el Poder Judicial, las personas facilitadoras judiciales y las organizaciones comunales permite materializar los principios de una justicia abierta, inclusiva y accesible, colocando a las personas y a sus necesidades en el centro de la gestión judicial”.
Para la facilitadora judicial Rosales Cascante esta experiencia marcó su apropiación en la gestión de los procesos de resolución alterna de conflictos y a modo de reflexión mencionó que “ningún conflicto puede ser tan difícil cuando cada persona pone de su parte y en mi caso como facilitadora judicial”, al mismo tiempo que destacó el ambiente de respeto en donde ambas partes tuvieron espacio para expresar sus inquietudes honestamente.
Además, según el criterio de la facilitadora judicial, el principal beneficio de este encuentro consiste “en que hay más confianza y comunicación, las partes sienten ese respaldo (…) económicamente ayuda a las familias y también no hay tanto desplazamiento, sino que acá mismo se puede resolver”.
Este esfuerzo colaborativo demuestra la aplicación de los principios que sustentan la Justicia Abierta, en donde el Poder Judicial atendió oportunamente la situación trasladándose a la comunidad, al mismo tiempo que las personas involucradas en la controversia tuvieron una apropiación de su conflicto y la exploración de alternativas de solución, en un ambiente propicio para la escucha mutua y comprensión de los distintos puntos de vista, a la luz de lo establecido por el artículo 5 de la Ley N.° 7727 sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social.
La Política de Justicia Abierta del Poder Judicial de Costa Rica promueve una justicia más cercana a las personas, en donde la realización de audiencias en las propias comunidades facilita el acceso efectivo a la justicia, fortalece el diálogo entre las personas involucradas y fomenta soluciones construidas de manera participativa. Asimismo, la red de voluntariado de las personas facilitadoras judiciales se convierte en puente y vía directa de la institucionalidad judicial con las localidades rurales de nuestro país, garantizando el derecho de acceso a la justicia con rostro humano.
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