· La actualización normativa consolida competencias, agiliza procedimientos y fortalece el acceso a la justicia.
A un año de la entrada en vigencia del Código Procesal Agrario, que regula los procedimientos en los juzgados especializados en esta materia, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a dicho cuerpo normativo. Esta modificación responde a la necesidad de fortalecerlo con base en la experiencia acumulada durante su aplicación, en las lecciones aprendidas de reformas procesales en otras materias, así como en la atención de las limitaciones presupuestarias que han incidido en el desarrollo de la jurisdicción.
La reforma tiene como finalidad garantizar una justicia agraria más pronta, eficiente y acorde con la realidad institucional y tecnológica del Poder Judicial, mediante ajustes estructurales en materia de competencias, procedimientos y recursos.
Se busca consolidar una jurisdicción especializada más clara en sus competencias, que sea ágil en sus procedimientos y más eficiente en el uso de los recursos institucionales, garantizando a las personas usuarias una justicia agraria moderna, accesible y efectiva.
Según explicó Rebeca Salazar Alcócer, gestora agraria, uno de los ejes centrales de la reforma es la delimitación precisa de la competencia material y funcional de la jurisdicción agraria, con el fin de evitar traslapes con las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa.
“La reforma introduce una reingeniería procesal orientada a simplificar trámites y reducir formalismos; se eliminan requisitos innecesarios en la demanda y se amplía el plazo para su corrección; se establece la audiencia única como regla general, reservando la doble audiencia únicamente para procesos ordinarios complejos. Además, se reducen actividades en audiencia preparatoria y se adelanta la resolución de excepciones, evitando suspensiones y reprogramaciones innecesarias, medidas que buscan procesos más ordenados desde su inicio y una disminución significativa en los tiempos de resolución”, aseguró Salazar Alcócer.
En materia de modernización, el proyecto adecua el código a la realidad tecnológica del Poder Judicial, armonizando sus disposiciones con el expediente electrónico y eliminando normas obsoletas. Se agilizan los recursos de apelación y casación, se reduce su efecto suspensivo para evitar atrasos y se eliminan nulidades por emisión extemporánea de sentencias. También se amplían los plazos para dictar sentencia en primera y segunda instancia, priorizando la estabilidad procesal y la seguridad jurídica.
Asimismo, la reforma fortalece el acceso a la justicia mediante el impulso a la Defensa Pública Agraria, destinando el 100% de las costas procesales al Fondo de Apoyo correspondiente, lo que permitirá optimizar el servicio y la cobertura en el territorio nacional.
La gestora agraria destacó que “los cambios fortalecen el acceso a la justicia para las poblaciones vinculadas al sector agrario y al desarrollo rural, promoviendo una respuesta judicial más ágil y efectiva, acorde con las necesidades actuales del país y con el compromiso de garantizar una justicia pronta y cumplida”.
