Representantes de los organismos judiciales de Panamá, Honduras, Guatemala y Costa Rica demostraron con datos y experiencia cualitativa el impacto comunitario en el fomento de la paz social y la resolución pacífica de controversias en localidades rurales, que se tiene en cada país, gracias a la implementación de la figura de la persona facilitadora judicial.
En el marco del Consejo Judicial Centroamericano y el Caribe, se programó esta conferencia virtual regional el jueves 20 de noviembre, con el objetivo de brindar actualización, presentar y reconocer la huella positiva que las personas facilitadoras judiciales comunitarias dejan en sus vecinas y vecinos, mediante su servicio voluntaria en garantizar el derecho de acceso a la justicia.
La actividad tuvo un mensaje de bienvenida a cargo de la Magistrada del Órgano Judicial de Panamá, la señora Miriam Cheng Rosas, para luego pasar a las personas panelistas invitadas que por parte de Panamá fue la Coordinadora de la Oficina Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios (ONFJC), Diana Arjona; de la Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Sonia Dubon; del Organismo Judicial de Guatemala estuvo la señora Astrid Rodas y en el caso de Costa Rica participó Daniella Guevara Walker en calidad de Coordinadora del Programa de Participación Ciudadana del Poder Judicial.
Las expositoras detallaron aspectos clave de la implementación del servicio voluntario de las personas facilitadoras judiciales, cobertura territorial, servicios que brindan, estructura y funcionamiento en cada país, coordinaciones internas, redes colaborativas, además de datos y números que demuestran el impacto significativo en comunidades en condición de vulnerabilidad.
En el caso de Costa Rica, la señora Guevara Walker puntualizó elementos desarrollados en el marco del Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales desde el punto de vista innovador tales como elección de representación de colectivos en condición de vulnerabilidad, incursión en zonas semiurbanas, uso y aplicación de la tecnología, generación de alianzas intersectoriales, acciones especializadas de educación legal popular, todo esto con la finalidad de satisfacer las necesidades de las personas facilitadoras judiciales y brindarles todo el apoyo institucional por la enorme labor voluntaria que realizan.
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