- IV Informe Nacional de Cumplimiento de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIADDIS) y del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (PAD)
Las acciones puntuales del Poder Judicial en materia de protección de los Derechos de las personas con discapacidad y la eliminación de toda forma de discriminación contra esta población costarricense, se integraron y presentaron en el IV Informe Nacional dado a conocer ante la Organización Nacional de Estados Americanos (OEA), este martes 11 de noviembre de 2025.
El informe de rendición de cuentas de parte del Poder Judicial estuvo a cargo de la magistrada Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez, quien lidera la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, con el apoyo técnico de la máster Melissa Benavides Víquez, Encargada de la Unidad de Acceso a la Justicia, quien también intervino en la presentación.
“El Poder Judicial de Costa Rica reitera su firme compromiso con la inclusión, la equidad y la justicia sin discriminación, enfocada en el modelo de Justicia Centrada en las Personas, mediante la implementación de acciones coordinadas con las personas en condición de discapacidad y sus organizaciones, los ámbitos institucionales y las instituciones relacionadas, a fin de construir un sistema judicial que reconoce la diversidad humana, garantiza el acceso a la justicia y contribuye a la consolidación de una sociedad más justa e inclusiva”, fue el mensaje enviado por la Vicepresidenta de la Corte, Damaris Vargas.
Se destacó el trabajo articulado de las instancias judiciales integradas por jueces, juezas, Ministerio Público, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el ámbito administrativo de la institución, en la inclusión del acceso a la justicia como un eje transversal y estratégico para todo el quehacer institucional.
Se rindió cuentas sobre la construcción de políticas de acceso a la justicia en cocreación con las comunidades y los pueblos involucrados y la actualización de las políticas existentes con un enfoque de género, de interseccionalidad y con pertinencia cultural, en atención a la normativa nacional e internacional que regula los derechos humanos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad o vulnerabilizadas, explicó la magistrada en el informe del Poder Judicial.
En materia de acceso a la justicia de personas con discapacidad, la institución trabaja en la actualización de la política institucional que data del 2008 y su plan de acción.
En el tema de empleo, se informó sobre la reserva de al menos el 5% de las plazas vacantes de cada año, exclusivas para esta población. Se suma el desarrollo de programas permanentes de capacitación sobre derechos de las personas con discapacidad desde la Escuela Judicial y las Unidades de Capacitación judicial.
Para el 2024 se contabilizaron 1115 personas con discapacidad que cuentan con medidas de salvaguardia activas en el país y a lo interno del Poder Judicial se estableció el deber de atender prioritariamente los procesos vinculados a poblaciones en condición de vulnerabilidad y vulnerabilizadas.
Estas y otras acciones fueron expuestas en el IV Informe de Cumplimiento de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIADDIS) y del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (PAD) presentado por el Estado de Costa Rica.
