· Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia expone ante Comisión de Jurídicos del Congreso una propuesta de reforma procesal centrada en las personas usuarias del sistema de justicia agraria
El Poder Judicial impulsa una reforma al Código Procesal Agrario con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia y simplificar los trámites que enfrentan las personas usuarias del sistema. La propuesta de reforma procesal es liderada por la Comisión de la Jurisdicción Agraria, presidida por el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga y fue aprobada por Corte Plena.
La magistrada Damaris Vargas Vásquez, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Comisión de la Jurisdicción Agraria, señaló: “Estamos apostando por una justicia centrada en las personas, en línea con los lineamientos de la OCDE. Esto implica simplificar los procesos, hacerlos más eficientes y empoderar a la ciudadanía que se ve involucrada en procesos agrarios”, afirmó Vargas Vásquez. En esto fue esencial aprovechar las buenas prácticas y las lecciones aprendidas por la Institución con ocasión de la implementación de otras reformas procesales enfocadas en la oralidad por audiencias, agregó.
Las principales modificaciones están contenidas en el expediente legislativo N.º 24.818, que reforma varios artículos del Código Procesal Agrario. La magistrada presentó los detalles del proyecto este miércoles 28 de mayo ante la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, con la Gestora Agraria, máster Rebeca Salazar Alcócer.
La magistrada Vargas destacó que se trata de un texto ampliamente consensuado con diversos sectores involucrados, mediante talleres organizados por la Dirección de Planificación, en los que participaron representantes de la academia, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Registro Nacional, Catastro Nacional, Contraloría General de la República, Defensa Pública Agraria, así como personas usuarias, jueces y juezas agrarios, personas técnicas y coordinadoras judiciales y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, entre otros. Todas esas ideas fueron retomadas por la Comisión Revisora designada por Corte Plena que culminó con la propuesta de una reforma legal aprobada por ésta, la cual fue trasladada a la Asamblea Legislativa e incorporada en las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo.
Uno de los cambios clave consiste en delimitar con más precisión las competencias de los tribunales agrarios en relación con otras materias para disminuir al máximo los conflictos de competencias que representan una inversión de tiempo importante en los procesos agrarios; establecer una única audiencia como regla general para una adecuada logística pues ésta se desarrolla en el lugar de los hechos, entre otras medidas, con el fin de reducir demoras y agilizar la resolución de los casos
Además, se mantiene la responsabilidad de la persona juzgadora por dictar sentencias de forma extemporánea, sin que ello implique la nulidad del fallo ni sea motivo de casación. “En este tipo de procesos, la mayor afectación por los atrasos recae sobre las personas usuarias, lo cual debe evitarse”, subrayó Vargas.
Por su parte, la gestora agraria Rebeca Salazar Alcocer resaltó la importancia de delimitar con mayor claridad las competencias para conocer los casos, especialmente en materias como lo civil, lo contencioso-administrativo y el cobro judicial. Según explicó, esto evitará pérdidas de tiempo por conflictos de competencia y redundancias procesales.
“La simplificación que se propone permitirá presentar demandas agrarias con menos formalidades, establecer una audiencia única, evitar reprogramaciones y resolver excepciones de forma anticipada. Todo esto hará el proceso más ágil y oportuno para las personas que acuden a la justicia agraria”, señaló Salazar.
